Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ordenó la “detención inmediata” de «cualquier actividad» vinculada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, después de que se produjeran protestas y denuncias durante varias semanas.

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Abinader señaló que, de acuerdo con la ley 64-00 de medioambiente y sus reglamentos, la decisión de detener el proyecto minero se efectúa cuando la población lo niega colectivamente, pues no es factible seguir adelante con él.

“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, manifestó el presidente dominicano.

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Abinader declaró que la iniciativa ha estado solamente en etapa de evaluación ambiental durante su gestión y que no se ha otorgado ninguna autorización para su explotación.

De igual manera, afirmó que el plan no es nuevo y que fue creado en 2005, cuando se concedieron permisos de exploración bajo la dirección del expresidente Leonel Fernández; además, indicó que se renovaron y se aprobaron análisis técnicos en 2015 y 2018, durante la administración de Danilo Medina, lo cual posibilitó determinar los límites del proyecto.

Por otra parte, la decisión del gobierno se toma después de que el domingo cientos de ciudadanos marcharan para oponerse al proyecto minero en San Juan.

La multitud que partió en una marcha-caravana desde el Arco del Triunfo, en San Juan de la Maguana, se desplazó por las calles del municipio hasta alcanzar la pared de la Presa de Sabaneta; allí manifestaron su oposición al proyecto minero Romero en la Cordillera Central.

La compañía canadiense GoldQuest Mining Corp era la responsable del proyecto, que fue ejecutado a través de su división en República Dominicana y consistía en un yacimiento de cobre, plata y oro con reservas por 1.1 millones de onzas, las cuales la empresa estimaba que valían alrededor de 5.000 millones de dólares.

GoldQuest tenía como objetivo extraer minerales mediante minería subterránea, argumentando que esta técnica tendría un impacto ambiental menor que la minería a cielo abierto.

Las organizaciones comunitarias y ambientales se han opuesto a que la compañía adquiera finalmente los permisos para explotar el área, pues sostienen que esto contaminaría los ríos de toda la provincia, donde se produce cerca del 60 por ciento de las habichuelas consumidas en el país y aproximadamente un 15 por ciento del arroz.

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